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El Pleno del Consejo Económico y Social, en el que participan representantes de las organizaciones sindicales, empresariales, expertos nombrados por el gobierno y distintos tipos de organizaciones sociales (consumidores, organizaciones agrarias, de economía social, etc.) acaba de aprobar el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Mutuas, en el que se critican muy duramente los elementos básicos de este proyecto normativo.
En concreto, el Consejo Económico y Social
Rechaza el procedimiento previsto para que las Mutuas puedan reconocer en la práctica altas médicas en los casos de incapacidad temporal por enfermedad común. El anteproyecto del Gobierno posibilita que en estos casos las Mutuas puedan hacer una propuesta de alta al médico de atención primaria que ha reconocido la baja por enfermedad, enviando la comunicación a través de la inspección del servicio autonómico de salud, dándoles un plazo máximo de 5 días hábiles para que contesten. En el caso de no hacerlo, se entenderá que el alta tiene plenos efectos y el trabajador deberá incorporarse inmediatamente al trabajo, resultando responsable del alta el servicio público de salud que no ha respondido en plazo. Con este pronunciamiento, el órgano consultivo del Gobierno en materia de proyectos sociales y laborales rechaza esta ampliación de competencias para las mutuas, defendiendo, como mejor garantía para la salud de los trabajadores en situación de incapacidad temporal, el criterio prevalente del sistema publico de salud.
Igualmente se ha rechazado que el Gobierno pretenda suprimir toda actividad de las Mutuas en materia de prevención. Especialmente grave resulta, a juicio del CES, que el Gobierno pretenda obligar a las Mutuas a vender o cerrar las sociedades de prevención, de forma precipitada, antes de que finalice 2014 sin tener en cuenta el efecto que ello tendría sobre los miles de trabajadores de estas empresas y sobre los servicios de prevención que prestan.
Destaca también el CES la necesidad de establecer mecanismos eficaces de gobierno y participación de los representantes de empresas y trabajadores protegidos por las Mutuas en el control y dirección de las mismas, así como en los procedimientos de elección y cambio de mutua en cada empresa.
El CES defiende asimismo la extensión de la obligatoriedad de la prestación por cese de actividad a los autónomos.
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